Es un hecho ampliamente reconocido que la transferencia de sangre a través del equipo de inyección de estupefacientes aumenta el riesgo de contraer la infección por el VIH. De los 16 millones de usuarios de drogas inyectables que se estima que hay en el mundo, tres millones viven con el VIH.

Reducir los daños en torno al consumo de drogas inyectables es una medida de prevención del VIH esencial. Por ello, los usuarios de drogas inyectables son asociados clave para idear respuestas efectivas.

El crecimiento del fenómeno de detener a personas para tratar la drogodependencia, especialmente en la región de Asia y el Pacífico, preocupa profundamente tanto a GNP+ como a INPUD. Generalmente, las detenciones aumentan el riesgo de infectarse por el VIH y por otros virus sanguíneos y hace más difícil, o incluso imposible, gestionar de manera efectiva el tratamiento, la atención y el apoyo relacionados con el VIH. [2] Los centros de detención para lo que denominan tratar las drogodependencias sitúan a los detenidos en un riesgo muy elevado de infectarse por el VIH y por otras enfermedades. En muchos casos, la detención en estos centros provoca interrupciones, o incluso el cese total, del tratamiento, la atención y el apoyo relacionados con el VIH. INPUD considera que la proliferación de dichos centros es una afronta para los usuarios de drogas y exige por lo tanto que se ponga fin a esta atrocidad.

La forma principal, y más efectiva, de reducir este riesgo es, en primer lugar, evitando que las personas sean detenidas a la fuerza en dichos centros. Los sistemas que, por sistema y en masa, detienen forzosamente a los usuarios de drogas con el pretexto de tratar la drogodependencia violan la legislación internacional de derechos humanos y no cuentan con ningún respaldo científico, ni con estándares internacionales sobre qué constituye un tratamiento efectivo para la drogodependencia. Al igual que con cualquier otro procedimiento médico, los pacientes no deben ser obligados a seguir un tratamiento para la drogodependencia. No existe por tanto ninguna base científica para utilizar la detención o el trabajo forzado como tratamientos para este fin.

Las leyes y políticas que protegen a las personas que viven con el VIH y a aquellos que están expuestos a un mayor riesgo de infección son esenciales para promover la prevención, el tratamiento, la atención y el apoyo relacionados con el VIH para los usuarios de drogas inyectables. El derecho a un proceso justo, a no ser detenido arbitrariamente, y el acceso voluntario a los servicios de salud médica y éticamente aceptables son los medios más efectivos para prevenir el VIH y otras enfermedades.

GNP+ e INPUD promueven el cierre inmediato de estos centros de detención. Las dos redes urgen a los gobiernos y a los responsables de formular políticas a que expandan el acceso al tratamiento de la drogodependencia voluntario y en las comunidades, y a que garanticen que dicho tratamiento sea adecuado médicamente y cumpla los estándares internacionales. El marco legal que establece los servicios de tratamiento de la drogodependencia debería cumplir a rajatabla las normas internacionales de derechos humanos. Los gobiernos y los responsables de formular políticas deben por su parte colaborar con profesionales sanitarios y ONG asociadas para crear entornos que reduzcan la vulnerabilidad de las personas ante el consumo de drogas inyectables y, consecuentemente, ante la infección por el VIH.